Al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo quieren como ‘el malvado Rubalcaba’ en algunos ambientes, muchos de ellos ligados al principal partido de la oposición. Uno de sus principales portavoces oficiales, Esteban González Pons, ha salido a los medios para, ante el micrófono, acusar al Ministerio del Interior de urdir una maniobra política en torno a la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, destacado militante del PP en la Comunidad Valenciana y políticamente enfrentado a su correligionario el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. “Una acción propagandística y política” de este Ministerio fue, según el PP, la detención, no ordenada por el juez, de Ripoll, acusado de presunta corrupción en la contrata de las limpiezas de basuras de Orihuela.
“Hay una persecución de Interior contra nuestro partido, con detenciones propias de las dictaduras”, llegó a decir, en las últimas horas, nada menos que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, quien, hace menos de un año, protagonizó una notable polémica al decir en una entrevista periodística que los servicios policiales espiaban los teléfonos de dirigentes del PP. No ofreció entonces las pruebas suficientes y la principal formación de la oposición tuvo que ensayar una discreta marcha atrás. Tampoco ahora se ofrecen pruebas irrefutables de que la de Ripoll sea una ‘detención política’, aunque sí haya indicios de que la policía que acudió al domicilio del presidente de la Diputación alicantina para detenerlo, en pijama y a las ocho de la mañana, acaso se excedió en sus funciones.
Pero una cosa es una cosa y otra, la otra, como decía el clásico. Dudo mucho, la verdad, de que ‘el malvado Rubalcaba’ haya instigado esta operación, y menos aún creo que lo haya hecho, como aventuran algunos medios cercanos a los ‘populares’, para distraer la atención –como si fuese posible, a estas alturas– de la situación económica y alejarla del debate sobre el estado de la nación. A este paso, acabaremos achacando a la perfidia del ministro del Interior los buenos resultados de la selección española de fútbol, como un intento de alejar de los titulares las malas noticias económicas. Rubalcaba, perfil sin duda maquivélico, me parece, sin embargo, que no da para tanto…al menos hasta que se demuestre fehacientemente, lejos de conjeturas y reparto de basuras, lo contrario.
Ahora bien, hay que convenir que, en España, la ‘pena de telediario’, lo que se llama ‘pena infamante’, es un vicio demasiado extendido. Se conduce, policial o/y judicialmente, con excesiva alegría a un imputado a los calabozos, tantas veces con esposas y cámaras de televisión reflejando el acontecimiento. Ocurrió el verano pasado en Palma de Mallorca, en el ‘caso Palma Arena’, ocurrió más tarde con el ‘caso Millet’ y sus derivados en Cataluña y casi se ha reproducido el caso –sin esposas, eso sí—en Alicante: ha habido para todos los gustos y para todos los colores políticos.
Desconozco el grado de implicación que el señor Ripoll tenga o no en el feo asunto de la contrata de los servicios de limpieza en Orihuela, pero creo que nada tiene que ver con la lucha contra la corrupción airear que alguien ha sido detenido con espectacularidad por la policía para que luego se arme la escandalera que se ha montado: una ‘retención’ de diez horas para un interrogatorio de diez minutos y…a la calle con el detenido, perdón retenido, al parecer sin cargos, ni fianza, ni explicaciones y con un juez indignado por cómo se ha conducido el caso por los servicios policiales. No me extraña, aunque también me inquiete, que el PP haya aprovechado la ocasión para disparar, tenga o no munición, contra el ministro mejor valorado del tambaleante Gobierno de Zapatero.
Espero que nadie piense que defiendo a presuntos o reales corruptos: nada me parece peor que aprovecharse de un cargo público en beneficio del bolsillo propio. Pero son delitos contemplados en el Código Penal, que tienen su castigo una vez juzgados. No antes, ni con esa ‘pena infamante’ –no prevista en código alguno– que recae también indirectamente sobre cónyuges, padres, hijos, amigos y hasta vecinos. Una pena que me parece más una lotería, increíblemente aceptada por jueces, políticos –cuando las bombas no les caen cerca, desde luego–, policías y hasta por la opinión pública, que un propósito predeterminado de un Gobierno que bastante tiene con salvarse a sí mismo. Un Gobierno al que juzgo, pese a las indudables capacidades dicen que diabólicas de Rubalcaba, ya incapaz de trazar estrategias que vayan más allá del ‘kit’ de supervivencia: están perdidos y no serán ni el ‘caso Ripoll’ ni ‘la roja’ quienes les salven.
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