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(Adivinanza: ¿quién será el Moisés que baje del Sinaí con las tablas de las leyes reformistas? ¿O tendremos que hacer las tablas entre todo el pueblo jodío?)
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Esta es la columna, incidiendo en lo de las ideas para regenerar España, que he enviado hoy a OTR:

La semana política que empieza.

Decálogo de confianza para un retorno

Fernando Jáuregui

Comienza este lunes la incorporación a sus despachos oficiales del presidente, de los ministros, subsecretarios, secretarios generales, jefes de Gabinete, líderes y vicelíderes de las oposiciones, etc. Una incorporación gradual, que los atracones no son buenos. Y uno, que es un inveterado optimista cuyas esperanzas, ay, casi nunca se ven coronadas por la realidad de los hechos, esperaría que un viento de cambio de mentalidades haya soplado por las playas gallegas, cántabras, astures, mediterráneas y andaluzas, Doñana incluida, sembrando nuevas iniciativas en el ánimo de nuestros representantes. Un viento que se traduzca en unas tablas de la ley regeneradoras, que busquen una mudanza verdadera ahora que casi todo se tambalea y casi todo se pone en cuestión.

Uno, que lleva ya demasiados años mirando, y hasta donde se puede contando, el devenir político, tiene su particular decálogo de reformas imprescindibles para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus representantes y en sus instituciones (supongo que cada español tiene el suyo). A uno, que tiene su conciencia periodística, pero también su conciencia ciudadana –no siempre viene a ser lo mismo una cosa que otra—, le resulta inevitable plasmar aquí ese decálogo, no con el ánimo de dar consejos a nadie ni de revelar lo que ellos ya bien saben que conviene a los intereses actuales de la nación (y, por cierto, a la muy aconsejable pervivencia del propio Gobierno), sino buscando, simplemente, el acuerdo o el desacuerdo con el amable lector. Es ese, ni más ni menos, el papel del analista político ¿o no?

Bien, pues este es mi decálogo. Táchese o añádase lo que convenga o no convenga.

1.-El presidente del Gobierno debe comparecer una vez a la semana ante el Parlamento y una vez al mes ante los medios de comunicación para detallar la marcha de las grandes reformas del Estado.

2.-El Gobierno debe velar por la imparcialidad y calidad de los medios de comunicación públicos, buscando el consenso y la participación de todos, huyendo de cualquier tentación de sectarismo y de manipulación a favor de unos determinados mensajes y fomentando el debate. Esta idea, fomentar los debates, no puede reducirse solamente a los medios de comunicación, sino también a las Cortes y a los parlamentos autonómicos. Por ejemplo, ha de recuperarse, bajo el nuevo prisma, el debate sobre el estado de las autonomías en el Senado.

3.-El presidente del Gobierno debe invitar al líder de la oposición a participar, mediante un pacto que dure dos años, en las tareas reformistas, incluyendo el diseño de la política exterior, la seguridad interior, las reformas legales y económicas pertinentes y el ‘adelgazamiento’ del Estado en todo aquello que no afecte al nivel conquistado de bienestar de los ciudadanos.

4.-El Gobierno, con el apoyo de los grupos parlamentarios, debe poner en marcha una comisión independiente, auspiciada desde el Consejo de Estado, para estudiar, en el plazo de seis meses, una reforma constitucional que incluya el Título VIII sobre el funcionamiento de las autonomías, la normativa electoral, y la actualización de las disposiciones e instituciones (la Cámara Alta, por ejemplo) que han quedado obsoletas. Integrarían esta comisión los ex presidentes del Gobierno, ex miembros de instituciones, ex ministros, juristas de prestigio y expertos que se consideren necesarios, a juicio de la presidencia del Consejo de Estado, para el desempeño de esta fundamental misión.

5.-El presidente del Gobierno debe anunciar cuanto antes una remodelación ministerial enfocada a este nuevo espíritu reformista y que dé salida a los ministros más desgastados por el ejercicio de estos ocho meses atípicos: algunos de estos ministros han cumplido ya su misión inevitablemente ‘antipática’ ante la sociedad y han perdido ya buena parte de su credibilidad por los continuos vaivenes políticos y económicos derivados de las exigencias europeas y de los mercados. Esta remodelación podría incluir la entrada en el Ejecutivo de figuras independientes de prestigio e incluso de miembros de otros partidos, también, si posible fuera, de los nacionalismos moderados.

6.-El Gobierno y la oposición acentúan el papel de la Corona como moderadora de las relaciones internas y como impulsora de las relaciones exteriores, que deben intensificarse en todos los ámbitos, de manera que la presencia de España sea mucho más relevante.

7.-A estos efectos, el Gobierno debe intensificar las relaciones públicas y la acción de lobbies, empleando los medios necesarios para la promoción interna y externa de la ‘marca España’ y de la voluntad reformista de la nación.

8.-El Gobierno debe concluir cuanto antes la tarea legislativa pendiente en lo que se refiere a la promoción del empleo, dando luz verde, previa consulta a los sectores implicados (organizaciones de autónomos, por ejemplo), a la tan postergada Ley del Emprendedor. Ha de cundir la sensación de que este Ejecutivo, o el que venga, no se ocupa solamente de unos recortes que llegan exigidos desde el exterior, sino de que la prioridad está en crear nuevos yacimientos laborales a la luz de una mentalidad revolucionaria en cuanto a la esencia del empleo: sin autónomos y sin emprendedores no se reducirán las listas de parados.

9.-El Gobierno tiene que fomentar la participación de la sociedad civil en las propias tareas de representación de los ciudadanos. Por ejemplo, evitando las ‘ocurrencias’ unipersonales en materias educativa, sanitaria, cultural o en el ámbito de la Justicia, y acudiendo, por el contrario, a la consulta con los sectores afectados. También acudiendo a la consulta popular en aquellas cuestiones en las que la sensibilidad social lo aconseje: es conveniente normalizar el uso del referéndum, sin sacralizarlo ni tampoco banalizarlo.

10.-La puesta en marcha de este plan reformista debería ser la celebración de un debate sobre el estado de la nación, ya en octubre y después de que el presidente del Gobierno recibiese en La Moncloa a los líderes parlamentarios, autonómicos, sindicales, de la patronal y de los sectores sociales y profesionales más representativos en busca de un amplio consenso sobre los temas más espinosos de las reformas.

Ni siquiera estoy seguro de que la puesta en marcha, en todo o en parte, de este decálogo, o de otros similares que sin duda se le ocurrirán a usted, amable lector, sirviese para solucionar los problemas inmediatos que aquejan al país. Pero sí estoy convencido de que el estado anímico de la ciudadanía, hoy tan decaído, se animaría bastante y los niveles de confianza en nuestros representantes políticos crecerían notablemente. Y ese, acabar con el nacional-pesimismo que nos está corroyendo, es el ingrediente básico para iniciar la reconstrucción moral y hasta económica de este gran país nuestro. Hay que comenzar por dar la vuelta a las encuestas, no en lo que se refiere a la intención de voto –lo que, a mi juicio, es ahora secundario–, sino en lo que reflejan de la (pésima) opinión ciudadana sobre la capacidad de sus representantes, figuren estos en el Gobierno o en la oposición.

fjauregui@diariocritico.com