El estado de la nación

El presidente del PP, y parece que cada día candidato más firme a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, desgranó este viernes la lista de las reformas más urgentes que, a su juicio, deben emprenderse cuanto antes para modernizar la economía (y la sociedad) española. No hubo demasiadas novedades, a mi entender, aunque sí pienso que el líder de la oposición sistematizó bien el conjunto de avances y cambios necesarios para acabar con algunas rémoras y vicios que tienen planteadas las estructuras españolas desde hace años. En este plantel de propuestas, ya digo que en mi opinión aceptables, Rajoy olvidó –bueno, no olvidó, sino que omitió–, sin embargo, algunas cuestiones fundamentales.

Porque entiendo que no bastan, con ser importantes, las reformas educativa, fiscal, del mercado de trabajo, del sistema energético, de las administraciones públicas e institucionales, que planteó Rajoy en su multitudinaria comparecencia en un desayuno ante periodistas, empresarios y correligionarios. Sobre todo, no podemos conformarnos con casi el mero enunciado de estas cuestiones, junto con la del fortalecimiento de la unidad de mercado, para afirmar que ya está prácticamente elaborado un programa de Gobierno alternativo al de Zapatero. Entiendo que hace falta más, mucho más.

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Aun reconociendo el esfuerzo de Rajoy por elaborar un conjunto de medidas cuantificables, y el mérito (insuficiente: hace falta un Gobierno de coalición) de ofrecer un cierto pacto al PSOE en torno a ellas, pienso que las reformas necesarias son de mucho mayor calado y amplitud. Y que, antes de lanzarse a diseñar un ‘contraprograma’ de siete puntos, como hizo este viernes, Rajoy debería haber delimitado los grandes campos de actuación de lo que debería ser un macroacuerdo suscrito por al menos los dos grandes partidos nacionales.

Empezando, desde luego, por una propuesta de reforma de la Constitución. Cuestión que nadie se atreve a abordar (“no hay que abrir ese melón tan complicado”, te dicen), pero que irrumpirá inexorablemente, más pronto que tarde, en el panorama nacional. Ni determinados artículos, obsoletos (como mero ejemplo, la Constitución aún habla del servicio militar obligatorio), ni algunas importantes omisiones (Europa, Internet), ni temas clave que han quedado anticuados (en mi opinión, todo el Título VIII, dedicado al Estado autonómico), pueden permanecer mucho tiempo inalterados en nuestra Carta Magna. Como tampoco pueden hacerlo algunos puntos potencialmente conflictivos, como el orden de prioridades en la sucesión a la Corona. La reforma de la normativa electoral, en parte también constitucionalizada, se va haciendo igualmente urgente, dados los desequilibrios y hasta las injusticias que potencia.

Ya sé que todo esto es acaso menos acuciante que abordar con carácter inmediato las reformas económicas que vienen impulsadas por la coyuntura y también por la Unión Europea, pero nadie me podrá negar que se trata de asuntos también de enorme importancia, que tienen que ver directamente con la marcha de la democracia.

Y España está sumida en una crisis económica, sí, pero estimo que también en una crisis política e institucional de enorme envergadura, aunque no falten políticos y comentaristas acomodaticios de todos los bandos que traten de quitar trascendencia a síntomas como esa desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política que patentizan las encuestas, o el desbarajuste autonómico que se hace notorio en cada esquina.

Pienso que un debate sobre el estado de la nación como el que viene no debe convertirse solamente, ni siquiera fundamentalmente, en el debate sobre la situación económica de dicha nación. España es, sí, un gran país, sometido no obstante a demasiados vientos huracanados que amenazan con derribar árboles y techos protectores de inoperancias, estancamientos y derechos adquiridos. Ha llegado la era del cambio, con todas sus consecuencias; un cambio pactado, cauteloso pero sin miedos ni excesivas prudencias. Pero de este verdadero cambio ni Rajoy ni Zapatero, empeñados en sus cosméticas lampedusianas, varados en sus debates de ‘duelo a garrotazos’, quieren hablar jamás.

5 respuestas

  1. Coño -con perdón- Jauregui, estás hablando de una refundación, ó de una segunda transicción o como rayos quieras llamarlo. ¿Dices todo lo que piensas, o dices algunas cosas y apenas sugieres otras? La verdad es que tengo que estar absolutamente de acuerdo.

    Ahora bien, si esperas algo del debate del Estado de la Nación, una de dos, o lo que dices no estan elevado como tu discurso parece sugerir, o la caló te ha reblandecido. Me reconcilas con el final de tu discurso. Con lo de las cosméticas lampedusianas culminadas con «jamás». Te compro el discurso. Al 99 x 100.

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  3. A Pazos:
    sin duda estamos viviendo, lo queramos o no, una segunda transición. En un mero artículo no cabe todo lo que esto representa, pero estoy convencido de que:
    1.-Para que esta Constitución del 78, buena para salir del franquismo, siga valiendo, hay que cambiarla algo. O bastante. El Tit VIII de las autonomías ya no vale tal como está: la realidad no cabe en él, y de ahí los líos con el Estatut.
    Sobre este punto, hay que repensar el Estado de las Autonomías, no para liquidarlas, sino para limitar su alcance; me parece fundamental aumentar los controles del Estado central y volver a la primigenia concepción de lo que han de ser las autonomías.
    2.-Hay leyes insuficientes o inadecuadas. Las laborales son un ejemplo. Las electorales, otro. La falta de una regulación de Internet, otro. Etc. En general, habría que profundizar la normativa hacia una democracia más completa, en la que los ciudadanos cuenten más.
    3.-Las relaciones entre los partidos son inadecuadas. No puede seguir siendo el duelo a garrotazos. Hay aspectos en los que la colaboración, o el consenso, son necesarios.
    4.-El propio funcionamiento de los partidos está obsoleto. No han introducido ni las nuevas tecnologías, ni las nuevas ideas de participación democrática, ni los autocontroles que evitarían esos brotes de corrupción que tanto les separan de la gente, ni una financiaciçón más rigurosa.
    5.-Hay instituciones y organizaciones estatales que funcionan mal. Desde el Senado al Tribunal Constitucional, pasando por el Consejo del Poder Judicial, los sindicatos y la patronal. Si no son representativas estas entidades, ¿cómo esperar que el ciudadano las respete?
    Claro, no se puede esperar que un debate sobre el estado de la nación contemple todos estos aspectos, sobre todo en un estado de angustia económica que reclama algunas urgencias. Pero sí es cierto que este debate, en estos momentos, debería tratar de volar más alto.

  4. Hace dos años pregunté al CGPJ, a la secretaría del Senado y al Ministerio de Justicia si podían decirme cuántas leyes hay en vigor en España. Las 3 respuestas, de distinto tenor, se reducían a una sola: es imposible saberlo. A mi siguiente mail, ¿cómo es posible sostener el principio de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento si ni tan solo los poderes públicos especializados en la cosa son capaces de concretar las leyes en vigor y cómo es posible saber si nuestro ordenamiento jurídico es acorde a la constitución (Imperio de la Ley) si no sabemos qué leyes tenemos o cuántas son anticonstitucionales, no contestaron.

    No necesitamos una segunda transición, necesitamos definir lo que suelo llamar «España 2.0». Un ejemplo: acabo de leer las «propuestas» (¿?) del Sr. Rajoy ayer ante los empresarios. Lo primero que tendría que hacer antes de empezar a hablar es aclarar con los reporteros de El Mundo, El País y Público qué c_ñ_ entienden ellos por Propuestas porque, después de leídas, releídas y escuchadas en podcast, no he visto que propusiera nada. Solo fue un rosario de buenas intenciones, como el empedrado que lleva al infierno.

    Necesitamos hablar apoyándonos en datos y en visiones o modelos de nuestra sociedad, no en rencillas y odios familiares alimentados por quienes deberían dar ejemplo de concordia y excelencia. Un ejemplo de lo que digo: en 2008 hice un análisis porcentual y evolutivo de los presupuestos generales del estado aprobados desde 1985. El estudio comparativo arrojó que en 23 años de gobiernos de distinto signo, con distintas coyunturas y diferentes intereses sociales, los grupos porcentuales de cada partida prácticamente no se movieron. La única excepción fue la etapa en que el Sr. Caldera fue ministro de AA Sociales: el análisis muestra un pico enorme y diferencial sobre los años precedentes.

    Con esto no defiendo a Caldera ni le ataco, conste, únicamente digo que tenemos que dejar los juicios de valor aparte y empezar a analizar los datos. Veremos entonces lo que varios en este foro sostenemos a ultranza: los mediocres gobiernan el país desde hace 20 años. Necesitamos
    1) Jubilarlos sin solución de continuidad
    2) Iniciar una etapa de España 2.0 en la que los alumnos estudien y aprendan, los trabajadores rindan en consonancia con Europa, en la que la mano de obra deje de ser sin cualificar para poder explotar el yacimiento del I+D+i y en la que los empresarios e industriales sean profesionales adecuadamente preparados y no la ralea de listillos que son ahora en su mayoría.

    En fin, este comment me ha salido duro, pero de corazón y puedo sostener cada uno de mis planteamientos.

    Un saludo

  5. Me dejaba la conclusión: las no-propuestas de Rajoy solamente fueron juicios de valor vacuos y ásperos dichos en tono admonitorio y ante un auditorio entregado en su mayoría. O sea, lo que dijo Rajoy y nada son dos nadas.

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