El español tiene desde tiempo inmemorial la sensación de que los diversos gobiernos que pesan sobre él tienden a ser antipáticos. No me refiero solamente, claro está, al Ejecutivo central; también a los autonómicos y locales. Difícil sustraerse a la sensación de que hay un afan prohibicionista, excesivamente regulador y, cómo no, confiscatorio, detrás de muchas decisiones. Podríamos hablar de la obsesión por fiscalizar lo que hacen los niños en el recreo del colegio, de las normas abusivamente restrictivas de tráfico –incluyendo la parece que malhadada medida reduciendo la velocidad, so pena de multas escandalosas–, del interés por controlar lo que comemos o fumamos…O podríamos hablar de ese proyecto de ley de Igualdad de Trato, emanado del Ministerio de Sanidad y otras cosas que regenta doña Leire Pajín, que es, lamento decirlo, la ministra peor valorada en las encuestas. Y puede que con cierta razón.
Al Gobierno, en su faceta antipática –¿y aquel talante bonancible con el que ZP conquistó tantos corazones?–, le gusta irrumpir hasta en la libertad del casero para alquilar una vivienda a quien mejor le parezca. Instituye, en este borrador de ley tan cuestionable, la delación como conducta habitual –claro que el ejemplo ya lo dio nuestro inefable director de Tráfico, don Pere Navarro—y contribuye a aumentar los ya sustanciosos grados de inseguridad jurídica que padecemos. Igualdad es una cosa, fortalecer la sensación de que un Gran Hermano nos vigila de manera permanente, otra.
Ignoro quién asesora al Ejecutivo en estos menesteres, que asfixian al ciudadano casi tanto como la quiebra en su situación económica: así, con mucho palo y casi nada de zanahoria, no se ganan elecciones. Claro que, como digo, se trata de una tendencia generalizada y temo que inevitable en los estados de ‘ordeno y mando’, en los que prima el decreto-ley sobre el debate parlamentario, el ‘esto se hace por narices’ (al menos, por narices) sobre el diálogo razonado. Y, así, los ayuntamientos estudian cómo ordeñar a fondo la vaca de los viandantes y, sobre todo, de los automovilistas, desdeñando al máximo cualquier participación ciudadana. Las autonomías priman el boato institucional sobre el servicio al contribuyente. El referéndum es palabra prohibida aquí y ahora. Las candidaturas siguen siendo cerradas y bloqueadas, para mantener el control de los ‘aparatos’ de los partidos. Y así, un largo etcétera.
Esa sería la verdadera revolución que en esta nueva era deben afrontar nuestros representantes: invertir los valores sobre los que se está cimentando la gobernación de los españoles. Volver a primar la libertad y dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos, en lugar de establecer cada vez más organismos reguladores, defensores del pueblo que no quiere ser defendido a este coste. ¿Cómo es posible que se obcequen en el error, que no entiendan el mensaje? Quizá lo entiendan cuando, dentro ya de no mucho, se abran las urnas.
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