Las críticas a José Luis Rodríguez Zapatero, por sus presuntas (o reales) “cesiones” ante los nacionalistas vascos y canarios para sacar adelante los Presupuestos para 2011 han proliferado y siguen en aumento: se dice que lo obtenido por el Partido Nacionalista Vasco compromete no solamente la caja única de la Seguridad Social, sino todo el proceso autonómico; y que, además, pone en peligro el Gobierno socialista de Patxi López en Euskadi, porque el PNV, triunfador en el acuerdo, está en la oposición y rentabilizará ante sus electores lo que ha logrado ‘arrancar’ al Ejecutivo central.
Por lo que se refiere al Gobierno canario, el presidente Paulino Rivero ha obtenido ventajas en el reconocimiento de las estratégicas aguas territoriales del archipiélago, además de ventajas fiscales, la ‘actualización’ del Estatuto canario, bonificaciones en las políticas activas de empleo, la transferencia de la inspección de Trabajo…Todo un pasaporte para la reelección en las próximas elecciones autonómicas.
Hay escándalo, real o impostado, ante lo conseguido, a cambio de su apoyo a los PGE, por dos comunidades que, en el fondo, son las menos concernidas por los Presupuestos. Pero, en el fondo, lo que se ha puesto de manifiesto, una vez más –como si los casos de los estatutos catalán, valenciano y andaluz no fuesen suficientes–, es que el Estado autonómico español presenta anomalías: ¿qué Gobierno autonómico no querrá ahora equipararse a lo obtenido por quienes han dicho ‘sí’ a las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de Zapatero? Y ¿cómo se podrá negar esa equiparación? Y, si no se niega, ¿cómo sustentar los poderes centrípetos del Estado unificado?
Hay que replantearse la marcha del Estado autonómico, no para destruirlo o minimizarlo, sino para definirlo y, si es el caso, potenciarlo. Ello exige, qué duda cabe, una reforma constitucional, tocar ese Título VIII nacido para el nacimiento de las autonomías, pero no para su desarrollo y mantenimiento treinta y dos años después.
Así, las ‘cesiones’ de ZP a sus interlocutores vascos y canarios no son sino un paso más en un proceso que ya no sabemos a dónde conduce. No me asusta que, en los mapas oficiales, Vitoria pase a llamarse Gasteiz o Vizcaya se convierta en Bizcaia. Me preocupa mucho más la falta de planificación, la ausencia de unas reglas del juego comúnmente aceptadas, y debemos asumir que ello no se debe solamente a los vaivenes derivados de los gobiernos de Zapatero: llevamos muchos años de deterioro de la idea primigenia de aquel ‘café para todos’; demasiado tiempo de superposición de funciones, leyes y poderes, de gastos sin tasa, de virreinatos ya ni siquiera encubiertos.
Una vez más, se contempla la necesidad de un pacto de Estado entre los dos principales partidos nacionales, para que ambos, desde una posición de preeminencia, lleguen a un acuerdo posible (y deseable), con las formaciones nacionalistas y con el resto de los partidos españoles, que delimite las lindes y posibilidades del Estado autonómico. Seguir cerrando los ojos ante lo inevitable nos llevará a consecuencias indeseables que ni quiero imaginar aquí y ahora ni, menos, quisiera enumerar. Porque me da miedo.
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