Quizá no todos sean iguales. Me refiero a los casos de los maridos de la vicepresidenta Soraya Saéz de Santamaría, de la presidenta castellano-manchega María Dolores de Cospedal o de la ex vicepresidenta Elena Salgado. Pero en todos ellos subyace una cierta indignación popular, natural o sobrevenida, ante lo que podríamos llamar ‘cultura del chollo’: un buen puesto ‘conseguido’ para los familiares o para uno mismo (el de la señora Salgado).

Pienso que tanto el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, que ciertamente parece un personaje polémico, como el de doña Soraya, que de polémico no tiene nada, son personas preparadas, con una rayectoria profesional tras sí. No sé si es muy justo privarles de la posibilidad de tener un buen puesto porque sean parientes de una persona con alto cargo político, ni sé si es muy veraz decir que han obtenido ese puesto precisamente por ser ‘maridos de’, especialmente en el segundo supuesto.

En el caso de Salgado, lo cierto es que la asesoría de la empresa hispano-chilena, dependiente de Endesa, ha sido autorizada por todos los organismos competentes y no cae dentro de las incompatibilidades previstas para ex altos cargos.

Es de temer que la vigilancia frente a posible tráfico de empresas pueda convertirse en una guerra de competencias empresariales o en ‘vendettas’ y envidias contra determinados personajes. Hay que luchar contra todo abuso de poder y contra ese tráfico de influencias que ha sido una constante en la vida nacional, de acuerdo; pero no nos pasemos demasiados pueblos en esa lucha, porque acabará, entonces, teniendo un efecto ‘boomerang’ y haiendo buena la adaptación de la frase de María Antonieta: «anti corrupción, anticorrupción, cuántos crímenes se cometen en tu nombre».