Me consta que no todos de los mil ciento dieciocho presos por delitos contra la seguridad vial merecen estar entre rejas; ir a la cárcel es una cosa muy seria, y me preocupa esa facilidad con la que el director general de Tráfico, Pere Navarro, logra que los grupos parlamentarios modifiquen el Código Penal para enviar al trullo a infractores que han conducido demasiado rápido, han bebido en exceso o se han saltado alguna regla esencial. Cierto que los reincidentes son los que pueblan las penitenciarías, pero conozco personalmente al menos dos casos en los que el encarcelamiento ha sido una medida excesiva, dictada de manera poco ponderada por un juez acaso demasiado sensibilizado por el tema. Un juez que, eso sí, ha encontrado todas las facilidades del mundo para actuar de la manera más contundente contra ese ‘delincuente’ que, al menos en los dos casos a los que me refiero, y que conozco de cerca, ni ha provocado lesión alguna a alguien ni ha causado más daños que los puramente materiales a su coche y/o al ajeno.
El fiscal que coordina la seguridad vial, Bartolomé Vargas, también parece persona muy sensible al mal comportamiento en las carreteras, algo que en absoluto –espero que nadie me entienda mal—me parece disculpable. Pero sí digo que hay una graduación de penas y castigos contra el infractor, antes de enviarle a compartir celda con delincuentes habituales contra la propiedad, traficantes de drogas, proxenetas y hasta, quién sabe, etarras. Meter a alguien en la cárcel es, ya digo, cosa muy seria, y lo que las penitenciarías no pueden ser es lugar de acogida de delincuentes menores, cuyas culpas pueden ser subsanadas con otros métodos, desde multas o trabajos por el bien de la comunidad hasta retirada de carné de conducir o confiscación del vehículo, según sea la importancia de sus infracciones. Pero la cárcel, lo que se dice la cárcel, hay que merecerla plenamente, y dudo mucho de que algunos de los 1.118 reclusos ‘viales’ que engrosan el número de población penitenciaria en España desde 2006 deba sufrir esta pena extrema de privación de libertad y de derechos civiles.
Me cuentan que Don Pere Navarro –que se enorgullece de su impericia y de su ignorancia como conductor– está feliz con los resultados obtenidos con su política represiva. Tiene sus razones para tal satisfacción: el número de siniestros en carretera se ha reducido en un cincuenta por ciento –depende de quién y cómo se haga el cómputo–. Pero la represión de las libertades y de los derechos civiles también ha de tenerse en cuenta en un Estado que se dice democrático: los resultados no justifican, ya lo dicen los garantistas, todos los métodos. Ahora, el fiscal que colabora con el señor Navarro anima a los conductores a denunciar a los “acosadores” de la carretea, a los conductores que se pegan al coche de delante para presionarle, a los que adelantan con gestos “hostiles”, a los que, aparentemente, “persiguen” a otros vehículos. Unas denuncias que pueden valer al ‘acosador automovilístico’ entre seis meses y dos años de prisión.
Me pregunto si no convendría reconsiderar un poco toda esta severidad, vamos a llamarla así para no incurrir en las iras del al parecer omnipotente legislador. Menos mal que aún quedan jueces capaces de discernir entre los conductores verdaderamente peligrosos y los que son, simplemente, infractores…mientras la inflexibilidad de Don Pere Navarro se lo permita, claro está.
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