Con el título de "la longa manus de La Moncloa", publicábamos en diariocritico.com una información un tanto críptica acerca de algo que está pasando entre bastidores: la larga mano de La Moncloa y también de la sede popular de Génova, y puede que hasta la de la sede socialista de Ferraz  (esto último no me consta), está(n) influyendo no poco en el nombramiento y separación de varios tertulianos de radio y televisión. Yo mismo me he visto afectado por la marea negra, por lo que conozco de primera mano de lo que hablo. ¿Qué hacen personajes como, por ejemplo, Miguel Barroso, rentablemente apoltronado en la Casa de América (para pasmo general) presionando a editores, directores de programas y empresarios en favor o, sobre todo, en contra de fulano o mengano? ¿Por qué algún berlusconiano y barrosiano personaje que corta cabezas en España, y alguna adjunta a él, meten la mano en empresas que teóricamente les son ajenas para influir en contra de algun(os) periodista(s)? Bueno, pues todo esto está pasando: cada vez importa menos la categoría profesional, y más la mayor o menor proximidad a alguno de los centros de poder. Quien no está protegido por el paraguas de socialistas o de populares, que vaya poniendo sus barbas a remojar. Tenía razón nuestro periódico en un editorial publicado tras conocerse que los periodistas son parte de las profesiones más impopulares. Pero no cargábamos suficientemente las tintas sobre las culpas de nuestros políticos, que también las tienen, vaya si las tienen.

Y no, este no es el talante que nos prometieron. Que el universo subterráneo de algunos medios se pueble de llamadas de, pongamos, belenes bajos o de enviados especiales de Moraleda en favor o en contra de algunos profesionales de larga y honesta trayectoria independiente resulta difícilmente tolerable, por mucho que otros años haya ocurrido algo similar, aunque con otros inquilinos monclovitas y distintos colores en la oposición. Claro que las empresas tienen perfecto derecho a contratar y prescindir a y de sus colaboradores; pero los políticos no tienen el derecho de ejercer presiones en este sentido y las empresas tienen, entiendo, el deber de resistirse a estas presiones.

Claro que no voy a dar más datos (no importan), ni quiero perjudicar a otros compañeros que, probablemente sin saberlo ni quererlo, han recibido apoyos o empellones. Ni siquiera deseo denunciar a quienes, habiendo sufrido presiones, han cedido a ellas de manera más o menos gustosa. Solamente me gustaría hacer constar que la situación, en esta ocasión, ha sido, está siendo, peor que nunca (antes de Zapatero y Rajoy estas cosas también pasaban, claro. Pero me parece que algo menos). Y que, al fin y al cabo, esta clase política nuestra, una vez que ha obligado a un empresario, sépase a cambio de qué, a comprar un periódico que no le gustaba, ya ha probado el sabor de la sangre y no va a detenerse ante nada. Que Dios nos coja confesados.