Más tristeza aún al comprobar la insolidaridad y cortedad de miras de esta profesión nuestra, incapaz incluso de defender colectivamente aquellas cuestiones que afectan a la libertad de expresión. Cuando un individuo como el llamado /Gitanillo/, Gabriel Montoya, que trasladó los explosivos del 11-m de Asturias a Madrid, se atreve a demandar a catorce medios de prensa, la mayor parte en Internet, por haber citado su nombre (¿cçómo no hacerlo si se reproducen el sumario o los debates de la comisión parlamentaria?), siendo él aún menor, es que algo anda mal. Muy mal.
Que el segundo juicio del 11-m (el primero fue contra el /menor/ Montoya, que resultó condenado) vaya a ser contra los órganos de información que publicaron el dato esencial de quién había facilitado los explosivos, ahora que tanto se debate sobre la autoría del 11-m, produce, me parece, escándalo. Mi periódico, y yo mismo, estamos entre los demandados civilmente por este delincuente habitual y por sus asesores legales, que buscan un beneficio rápido burlando el espíritu de la ley del menor, ahora en debate en el Parlamento, por cierto. No está esa ley para proteger reputaciones inexistentes, y menos aún para hacer ricas a personas a las que, por faltarles algunos meses para cumplir los dieciocho años, sortean la letra legal para enriquecerse.
Lo malo no es la audacia del Gitanillo, a quien, al menos y pese a todo, concedo los beneficios de unas lamentables circunstancias vitales. Lo peor es que algunos asesores legales traten de sacar dinero de este horrible capítulo del 11-m. Y peor aún que los medios, como un todo,no reaccionen colectivamente y apoyen a quienes se han /atrevido/ a ir tan lejos como publicar el nombre de quien cometió tan tremendo delito. Aquí solo se solidarizan con los propios y desconocen todo lo ajeno. Ay de quien se atreve, en esta selva, a circular sin paraguas. Ni padrinos.
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