(¿nadie piensa en esta pobre gente, que podríamos ser usted o yo?)
Hay que decirlo de una vez: los controladores en huelga salvaje, al margen de toda negociación y hasta de su propio sindicato, son presuntos delincuentes, a quienes habría que aplicar el precepto correspondiente (art. 409) del Código Penal cuanto antes. Ni uno solo de ellos debería regresar a su puesto de trabajo hasta que se hayan agotado los dos años de sanción previstos en la ley. Y deberían abonar de su bolsillo la correspondiente responsabilidad civil. Estos antipatriotas, que aprovechan un momento de máxima debilidad de su país, agobiado por los problemas económicos y por la mala imagen exterior, han decidido convertir a cientos de miles de pasajeros en rehenes de su ambición, de su prepotencia, de su falta de escrúpulos. Con escaso respeto a los cinco millones de parados que ya quisieran tener sus condiciones laborales (y sus sueldos), esta casta privilegiada y egoísta ha decidido aguar la salida vacacional, o por muchos otros motivos, de al menos un cuarto de millón de personas, sumidas esta noche en la desesperación por culpa de unos individuos que han acreditado sobradamente no merecer la responsabilidad que la sociedad les ha otorgado.
Seguro que darán marcha atrás, pero eso ya no basta; deben hacer frente a sus responsabilidades. Pedimos la militarización ya de las torres de control, la expulsión de todos estos enfermos imaginarios y sanciones ejemplares a los médicos que puedan haber falsificado certificados de enfermedad inexistentes. Es el momento en el que este atribulado, acobardado, Gobierno tiene que mostrar la máxima firmeza. Esta gente no puede seguir en sus puestos. Fuera con ellos. España no se merece un colectivo que es la vergüenza nacional.
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