Cuando se receta a la ciudadanía una buena dosis de recortes, bueno es predicar con el ejemplo. No quisiera situarme ni siquiera en el linde de una fácil (y comprensible) demagogia si digo que, no pocas veces, ese ejemplo se echa en falta. No hablo ya de los políticos en general, que, salvo excepciones que vienen a confirmar la regla, no tienen unos sueldos excesivos, y que tantas veces son inferiores a los de sus colegas europeos. Pero sí me refiero a algunos privilegios, viajes gratis total, tarjetas de crédito sin límites, coches y chóferes que constituyen los placeres paralelos de una vida dedicada al servicio público. Y dedicación al servicio público es también, por ejemplo, presidir una empresa o un banco nacionalizado.

Sí. Hablo, por supuesto, del caso llamativo de Bankia, cuyo anterior presidente, Rodrigo Rato, pasó de cobrar 2’3 millones de euros a ‘solamente’ seiscientos mil, a cambio de una gestión que ha sido considerada cuestionable. Que es, 600.000, el salario heredado por José Ignacio Goirigolzarri, un hombre que, al salir de BBVA, lo hizo con una ‘compensación’ vitalicia –vitalicia– que supera los tres millones de euros anuales. Bien podría el señor Goirigolzarri, persona competente e intachable por lo demás –ha tenido, eso sí, la mala suerte de servir de ejemplo para este comentario–, hacer el sacrificio de bajar sus estipendios hasta los de un ‘vulgar’ presidente del Gobierno, sin ir más lejos. Unos ochenta mil euros anuales, gastos del cargo –que son casi todos—excluídos. Ningún cargo público debería, por otro lado, ganar más que el jefe del Ejecutivo (tranquilos todos, que sin duda se encontrarían candidatos idóneos para todos los puestos).

Sucede que no resultan especialmente edificantes, para quienes tienen que conformarse con una subsistencia mileurista, algunos casos de salarios astronómicos percibidos por algunos capitanes de empresa y de la banca, aunque siempre puede argumentarse que se trata de entidades privadas, que reparten sus beneficios (o pérdidas) como les da la gana. Pero si esto último puede llegar a justificarse (no del todo, en mi opinión) en la discrecionalidad con la que un empresario o un banquero administra lo que no es público, resulta difícil entender que nada menos que un presidente del Tribunal Supremo pase facturas al erario público por sus descansos privados, y que considere “una miseria” las cantidades en cuestión, que, francamente, a mí tampoco me parecen tan miserables, todo considerado.

Vieja tradición hispana esta de considerar que lo público “no es de nadie” (la ex ministra Carmen Calvo dixit), entendiendo, así, que todo, viajes de placer, hoteles, restaurantes de lujo y algún que otro ‘regalito’, se puede colgar de la amplia manga de los Prepuestos del Estado. Mira por dónde un privilegiado como José Ignacio Goirigolzarri tiene ahora la oportunidad de darnos una lección de austeridad.. Quién se lo hubiera dicho.