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(el principal error de Pedro Sánchez)
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Lo menos que puede decirse es que la semana que concluye no ha sido la mejor que recuerda Felipe VI, un Rey a quien las encuestas muestran como un jefe del Estado querido y sobre cuya honradez pocas dudas pueden albergarse. Pero cuando, este viernes, la fiscal general del Estado acudió a la Zarzuela para entregar la Memoria anual de la Fiscalía, la tormenta perfecta se abatía no solo sobre las zonas devastadas por la dana, depresión atmosférica que ha devastado Levante y otras zonas españolas, no; una gran tormenta (esta, política) se situaba peligrosamente sobre la Casa del Rey, incapaz de solucionar a través de la comunicación el que va a convertirse en problema número uno para un país en el que problemas no faltan: un problema enunciado como ‘el futuro de Juan Carlos I’. ¿Qué hacemos con Juan Carlos I?
Cuando, el pasado 3 de agosto, día en el que coincidía la ‘conmemoración’ de la salida del llamada emérito a Abu Dhabi, se entrevistaban en Marivent Felipe VI y Pedro Sánchez, esta tormenta ya se barruntaba sobre las sienes del a mi juicio mejor Rey en la Historia de España. Aunque el presidente del Gobierno aseguró –y nadie le creyó—que no se había abordado la cuestión del regreso o no a España del emérito, lo cierto es que la sombra de Juan Carlos I pesaba, y pesa cada vez más, como una losa sobre la Corona.
Y la estrategia de tratar de hacer olvidar las numerosas irregularidades cometidas por el anterior jefe del Estado, dejando el tema en una especie de limbo fiscal, simplemente no ha funcionado: se ha ahogado tal estrategia, sumida en un mar de filtraciones, de torpezas de la Fiscalía, de divisiones en el seno del propio Ejecutivo (Podemos reclama una comisión de investigación parlamentaria y el PSOE trata de frenarla). Un mar en el que se incluyen equivocaciones tan palmarias como la gestión de la salida de Juan Carlos I del país en el que durante cuarenta años fue jefe del Estado.
En este marco, el viernes llegaba una inconveniente filtración, presuntamente procedente de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria, que señalaba al emérito como presunto –bueno, algunos medios, sobre todo independentistas catalanes, han suprimido la palabra ‘presunto’—‘comisionista’ de obras públicas del Estado. La Fiscalía, que increíblemente aún demora su dictamen sobre si ha lugar a querella contra Juan Carlos I, se vio el propio viernes acusada por la defensa del emérito de vulnerar su presunción de inocencia. Y la abierta pelea entre ambas partes salpicó el encuentro de Dolores Delgado, para colmo sometida a una denuncia ante el Supremo por presunta irregularidad en su nombramiento, con el inquilino de La Zarzuela.
La misma Memoria que la fiscal general entregaba el viernes al Rey –un texto que pasa de puntillas sobre el ‘caso Juan Carlos I’, claro– será una de las piezas centrales en el acto de apertura del año judicial, que, con la presencia del Monarca, se celebra este lunes en medio de mayor caos y divisiones que se recuerdan en el mundo togado. La división política sobre la constitucionalmente necesaria renovación del poder de los jueces va a ser una espada de Damocles sobre este acto lleno de togas, condecoraciones, puñetas y… tensiones sin cuento.
Uno de los errores más graves del mandato de Pedro Sánchez fue, desde luego, designar a la hasta entonces ministra de Justicia –para colmo, indirectamente envuelta en la polémica, que afecta al Supremo, sobre la denuncia de las Naciones Unidas acerca de la inadecuada inhabilitación de Baltasar Garzón, su compañero—como fiscal general del Estado. Y ahora el Gobierno, que creo que es consciente de su equivocación, no puede destituirla a menos que ella renuncie voluntariamente.
Que el Rey, a cuya Casa llegan todos los días muy inquietantes noticias sobre su ausente padre, se vea relacionado, aunque sea fotográficamente, con todo cuanto la señora Delgado y sus circunstancias implican, es, ya digo, mala noticia. Que la ceremonia más solemne de los jueces se celebre en un clima de ruptura sin precedentes entre los togados –y entre los fiscales, por cierto—es síntoma aún peor. Y el caso es que dos personas, en una reunión que no tiene por qué ser necesariamente larga en La Moncloa, podrían desatar el nudo gordiano judicial de discordia que ahoga a la democracia española, comenzando, ya vemos, por su más alta institución. Se llaman Pedro Sánchez y Pablo Casado, pero abandonemos, temo, toda esperanza.
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