“Situación límite”. Es el diagnóstico que avanzan desde miembros del Gobierno central hasta portavoces oficiosos del PP y del PSOE para definir el estado de cosas en la Comunidad Valenciana. Hay responsables que aseguran que la suspensión de pagos podría llegar, si no hay ‘bonos patrióticos’ por medio, tan pronto como el mes de junio. Y el anuncio del despido de cinco mil funcionarios de empresas públicas puede que sea realista –y angustioso para el actual president, Alberto Fabra–, pero lo que no resulta, desde luego, es tranquilizador.

Las cosas se han gestionado mal, muy mal, en la Comunidad valenciana. Y es de temer que no solamente por el anterior gobierno de la Generalitat, encabezado por Francisco Camps; los polvos que traen estos lodos se generaron también en la etapa socialista, y no cabe ahora, en el momento de señalar corrupciones con el dedo, el ‘y tú más’ de unos frente a otros, por mucho que sobre mi mesa de trabajo tengo un informe ‘la corrupción en la Comunidad Valenciana’ elaborado hace un año por el PSPV.

El Fracaso valenciano, atribuíble al conjunto de la clase política, es más lacerante por cuanto se trata de una Comunidad rica, industrial y turísticamente hablando, con una clase media emprendedora y con enormes posibilidades de desarrollo. La Comunidad se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza autonómicos para el Gobierno de Mariano Rajoy. Por encima, comenta un ministro, de Cataluña, con un Artur Mas amenazante. Por encima, también, de Andalucía, donde se mercadea para formar un gobierno tras las elecciones de marzo, dos meses hace ya.

Ignoro cuál es la solución, más allá del brutal adelgazamiento del sector público –donde, por supuesto, ha habido derroches sin tasa; véase, si no, la nómina de Canal 9–, más allá de la lucha contra una corrupción que ha estado demasiado generalizada. No estoy seguro de que la emisión de ‘hispanobonos’ no sea el comienzo de una intervención económica interna, por mucho que Mariano Rajoy vaya diciendo ‘sotto voce’ que no figura en sus planes intervenir a autonomía alguna; ¿acaso figuraba entre sus planes subir los impuestos, amnistiar los delitos fiscales o ‘traspasar’ las líneas rojas en sanidad y educación? Claro que no. Tampoco subir el IVA y, no obstante, hay bastantes posibilidades de que haya que incrementarlo algo. El que manda, manda.

El Estado, más allá de la famosa Difícil Situación Heredada (DISH), pasa por momentos de apuro sin cuento, acaso, incluso, magnificados por las declaraciones gubernamentales señalando cosas como que ‘estamos al borde del abismo’, o en una situación ‘catastrófica’. ¿Quién vendrá a invertir del exterior si los propios responsables políticos y económicos se pronuncian en tales términos? Y puede que las autonomías –desde luego, la valenciana, la catalana, la balear y la andaluza—tengan bastante culpa de que aquí y así nos encontremos. Pero no toda la culpa es de un Estado autonómico que ha crecido desordenadamente, sin controles, duplicando funciones, cada una descoordinada del resto. Los gobiernos centrales no supieron, pudieron o quisieron embridar la situación. Ahora es el momento para que algunas de estas autonomías, señaladamente la valenciana, den ejemplo. No solamente de austeridad, sino también de solidaridad y de sentido del Estado; yo creo que Alberto Fabra y la mayoría de sus colaboradores lo tienen.

Prometió Rajoy convocar una conferencia de presidentes, al menos de los del PP, precisamente en Valencia. Ya está tardando demasiado, porque la Comunidad está ahora regida con mano prudente, pero acaso con demasiadas limitaciones en sus facultades y en el alcance de sus decisiones. No hay tiempo que perder.